Los expertos reunidos en la mesa redonda se muestran de acuerdo en la necesidad de introducir cambios en el sistema y advierten del elevado índice de endeudamiento

De izquierda a derecha, Rosa María Sánchez (APIE), César Cantalapiedra, Ana Herrero Alcalde y Jorge Onrubia, participantes en la mesa redonda sobre financiación autonómica celebrada en la segunda jornada del XXXI Curso de Economía organizado por la APIE.

La segunda sesión del XXXI Curso de Economía para Periodistas organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) tuvo como tema La Reforma de la Financiación Autonómica y se desarrolló durante una mesa redonda que contó con la participación de César Cantalapiedra, Socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Jorge Onrubia, Profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, y Ana Herrero Alcalde, del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la Fácultad de Derecho de la UNED, además de Rosa María Sánchez, de la Junta Directiva de APIE, que actuó como moderadora.

Inició la sesión César Cantalapiedra, señalando que, así como 2017 ha traído la primera señal de reducción de la deuda pública situándola en el 98,3% del PIB, el endeudamiento autonómico sigue incrementándose, aunque a un ritmo inferior al de años anteriores (11.100 millones en 2017), un nivel que “no hace viable que algunas comunidades puedan seguir siendo autónomas para captar los recursos que necesitan”, aunque nueve hayan reducido su ratio de deuda. Cantalapiedra precisó también que, si bien la ratio de deuda sobre ingresos corrientes se ha estabilizado -aunque con grandes diferencias entre comunidades- la ratio per capita continúa aumentando, en la medida en que la población se mantiene estable y la deuda continúa aumentando.

César Cantalapiedra, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), durante la mesa redonda sobre financiación autonómica celebrada en la segunda jornada del XXXI Curso de Economía organizado por la APIE.

Cantalapiedra ha previsto que las comunidades autónomas deberán hacer frente durante 2018 a unas necesidades de financiación de 35.000 millones, volumen superior al del ejercicio anterior por la mayor cuantía de vencimientos que deben ser cubiertos, en un momento muy poco propicio, ya que todas las refinanciaciones se deberán hacer a unos tipos de interés más elevados. La mayoría de estas necesidades se obtendrán a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA), que en 2017 superó los 166.000 millones de euros.

Si bien en la situación actual “parece difícil prescindir de los FFCA para algunas comunidades que no pueden salir al mercado” (en 2017 sólo seis autonomías se financieron en los mercados de capitales) debería evolucionarse hacia un nuevo modelo “que permita reducir los desequilibrios tanto horizontales como verticales” y mantener el Fondo como una ventanilla de último recurso, pero trasladando a un coste a las autonomías por la intermediación del tesoro y de asunción de riesgos. Tras resaltar que “hay comunidades donde el 75% del endeudamiento es por el Tesoro”, Cantalapiedra ha afirmado que “La mayoría de las comunidades pueden salir al mercado, y no lo han hecho porque la opción del Tesoro era más atractiva”.

Jorge Onrubia comenzó su intervención mostrándose de acuerdo con Cantalapiedra en que “no tiene sentido tratar el endeudamiento autonómico de forma separada con la financiación; las dos cosas tienen que estar enlazadas, o mañana volveremos a tener el mismo problema”. Tampoco quiso desenlazar la deuda autonómica del Gobierno central, ya que esta subió de un 6% del PIB al principio de la crisis al 25% actual, “con el 56% en manos del Gobierno central. Es un problema del Reino de España, no de las autonomías”.

Jorge Onrubia, Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense, durante la mesa redonda sobre financiación autonómica celebrada en la segunda jornada del XXXI Curso de Economía organizado por la APIE.

Onrubia denunció lo que calificó de “dilación injustificable” de la revisión del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que achacó a la “comodidad” que suponía para el Gobierno contar con unos mecanismos que delimitaban los ajustes de conslideración fiscal. Otro elemento de ralentización, añadió, es la fragmentación política “que no se da sólo a nivel central: salvo Galicia y Castilla-León, el resto de las comunidades no tienen ningún gobierno sustentado por mayoría absoluta, y eso complica mucho”.

En su intervención, Onrubia nombro tres desafíos básicos en la reforma del sistema de financiación: una reconsideración de la metodología de fijación de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; la retirada de los mecanismos adicionales de financiación y el retorno de las comunidades a los mercados; y el tratamiento eficiente y equitativo de las deudas acumuladas. Todo ello complementado con la construcción de “un nuevo mecanismo de financiación extraordinaria para atender exclusivamente situaciones financieras excepcionales”.

Ana Herrero Alcalde, del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la Facultad de Derecho de la UNED, durante la mesa redonda sobre financiación autonómica celebrada en la segunda jornada del XXXI Curso de Economía organizado por la APIE.

Por último, Ana Herrero defendió el uso de los mecanismos extraordinarios de liquidez como garantía del cumplimiento de los servicios públicos, y necesarios también “porque hubo comunidades que vieron cómo los mercados financieros les cerraban la puerta, y las que estaban más saneadas corrian el riesgo del efecto contagio”. Sin embargo, señaló también que estos mecanismos no dejan de ser “un rescate y generan unos incentivos para el futuro nada positivos de cara a los mercados de capital, ya que dejan claro que el Estado siempre va a estar ahí cuando haga falta”, una situación cuyo cambio vaticinó como “muy difícil”. Herrero también denunció la opacidad del Ministerio de Hacienda a la hora de repartir la liquidez, pues “no ha explicado nunca sus criterios. No son públicos y nos consta que son cambiantes, pues no todos los años han beneficiado a los mismos territorios”.

La salida de la situación actual, añadió, es complicada, pues dejar la situación como está plantea el problema de qué hacer con las comunidades que no pueden volver a los mercados “y si mantenemos el apalancamiento que tienen ahora las autonomías es difícil que se puedan mantener los servicios públicos en su nivel actual”. Optar por la reestructuración o las quitas lleva consigo riesgos como provocar inquietud en los mercados, desincentivar la eficiencia en la gestión o dar un tratamiento injusto a las comunidades menos endeudadas.

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