El Círculo de Empresarios presentó los resultados de su Encuesta Empresarial del año 2023, en un acto que contó con la colaboración de la APIE y en el que atacó duramente la posibilidad de una amnistía para los encausados del «procés»
Miguel Iraburu, presidente del grupo de trabajo de la elaboración de la Encuesta y Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios, durante la presentación de la Encuesta Empresarial 2023.
Si la pasada edición de la Encuesta Empresarial del Círculo, que elabora cada año el Círculo de Empresarios, señalaba el malestar del gremio ante las acciones del Gobierno y la gestión de los fondos europeos, la de este año, presentada en un acto organizado en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica, ofrece una versión corregida y aumentada de ese malestar. Con un agravante: la comentada amnistía del Gobierno en funciones a los encausados por el procés de independencia de Cataluña, que a juicio del Círculo sería tan grave como para motivar una declaración inicial donde la han rechazado de forma terminante.
El acto ha contado con la presencia de Miguel Uraburu, presidente del Grupo de Trabajo responsable del proyecto, Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios, y Jorge Zuloaga Montero, presidente de APIE, que actuó como moderador.
Antes de comenzar el acto, Manuel Pérez-Sala se ha pronunciado en contra de la amnistía, a la que ha calificado como «una compra de votos a cambio de inmunidad«, y ha señalado que «no tiene precedentes» en otros países democráticos. De llevarse a cabo, ha añadido en el turno de preguntas, «crearía una sensación de inseguridad en los principios y fundamentos del Estado de Derecho«, que tendría sus efectos en el entorno económico, aunque «tardarán meses en verse«.
Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios, durante la presentación de la Encuesta Empresarial 2023.
Manuel Pérez-Sala ha declarado también que desde antes de las pasadas elecciones el Gobierno ha llevado a cabo «actuaciones en contra de los empresarios, a veces con ataques con nombres y apellidos» a figuras como Amancio Ortega, Juan Roig o Rafael del Pino. De hecho, según ha declarado Miguel Iraburu, la percepción que el Gobierno tiene de los empresarios es considerada por el 79,6% de los mismos como uno de los principales obstáculos a la competitividad, siendo los otros la intervención del Gobierno en la actividad empresarial (77,7%), la transparencia en sus decisiones (76,7%) la seguridad jurídica (71,45) y la calidad normativa (69,5%).
Al igual que en la edición anterior, un alto porcentaje de empresarios (75%) considera la gestión de los fondos europeos mala o regular, hasta el punto de que un 56,3% han decidido no solicitarlos. La complejidad de los trámites administrativos es el motivo principal para el 50,7% de los mismos, algo que, ha declarado Iraburu, era previsible, ya que «España recibió esos fondos en unos plazos cortos y positivos, pero luego hay que gestionar ese dinero«, situación que ha desbordado a los organismos encargados de ello y para la que el círculo sugirió una colaboración público-privada, como la iniciada en Italia bajo el gobierno de Mario Draghi.
La reforma laboral y las pensiones han sido también cubiertas por el informe. La primera ha sido calificada por Pérez-Sala como «insuficiente«, y se considera como medida prioritaria vincular los salarios a la productividad, y no al IPC. En cuanto a las pensiones, el 68,1% apuesta por incentivar la vida activa más allá de la edad de jubilación, el 54,5% por el fomento de planes privados y el 52,7% por la «mochila austriaca» o un modelo similar de fondo de capitalización individual.
