La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) presenta un documento con propuestas para que la Agencia Tributaria aumente su autonomía del Ministerio de Hacienda y su eficacia en la lucha contra el fraude

Francisco Vázquez y Ransés Pérez Boga, Secretario y Presidente del IHE, durante el acto de presentación del informe organizado con la APIE.

Una organización más eficaz, más competencias y, sobre todo, mucha más autonomía del Ministerio. Estos han sido los puntos básicos del documento elaborado por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que fue presentado ayer por su presidente Ransés Pérez Boga y su secretario Francisco Vázquez, en un desayuno de prensa organizado por APIE.

Ante la futura redacción de un estatuto jurídico para la Agencia Tributaria, esta Organización siente que tiene mucho que decir. De hecho, algunas de las propuestas recogidas en el documento tienen más de diez años de antigüedad pero, como Pérez Boga se encargó de señalar, todos los grupos parlamentarios se han manifestado partidarios, en un momento y otro, de crear el estatuto para la Agencia Tributaria. “Esperemos que ahora se lleve a cabo”, indicó, añadiendo como fecha más probable para su entrada en vigor el año 2016, lo que impediría que se implantaran los cambios propuestos con la celeridad que desearían, “aunque estamos seguros de que se acabarán implantando”.

Director por consenso, y menos directivos

Buena parte de las propuestas del documento se encaminan a conseguir una estructura centralizada que agilice trámites por encima de las distintas burocracias, y a situar a la Agencia como una entidad mucho más independiente del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, proponen que el director de la Agencia sea elegido en el Parlamento, con el consenso de los grupos políticos, y esté sometido por lo tanto a control, que podría llevarse a cabo en una comparecencia anual.

Ransés Pérez Boga señaló la elevada sucesión de directores que ha tenido la Agencia a lo largo del tiempo “hemos tenido once en 21 años, lo cual es terrible para la estabilidad de un organismo”. Cada cambio de director trae aparejado el consiguiente cambio de cargos de confianza, que de forma inevitable afectan al funcionamiento de la estructura y a su presupuesto. Por ello, la IHE propone también limitar el número de cargos de libre designación a los puestos de confianza, y establecer un sistema mixto, donde los candidatos deban cumplir una serie de requisitos técnicos, para elegir a los demás.

Independencia y eficacia

Los planes de independencia que plantea el documento van aún más allá, e incluyen la total autonomía financiera de la Agencia, prescindiendo de la transferencia del Ministerio que en la actualidad cubre dos tercios de su presupuesto. Francisco Vázquez señaló que esa autonomía podría conseguirse de los ingresos que obtengan en su lucha contra el fraude fiscal, y del cargo por los servicios que ahora prestan a otros organismos y Ministerios.

Actualmente, la recaudación que se obtiene por las acciones de la Agencia Tributaria supone un 10% del total, pero en el IHE están convencidos de que este porcentaje podría aumentar. Pérez Boga opinó que la reforma que ha hecho el Gobierno de la ley antifraude “va en la dirección correcta pero no llega, se queda corta”, por lo que en el documento proponen la puesta en marcha de iniciativas como un plan de retribución por objetivos para sus empleados, mayores competencias para los inspectores –incluyendo la posibilidad de permitirles trabajar de incógnito- y disponer de un presupuesto y un sistema de pago a confidentes que funcione de modo similar al del Ministerio del Interior.

Recuperar las competencias sobre las Sicav o publicar la lista de morosos y defraudadores, incluyendo en la misma a aquellos “que estén condenados por sentencia firme, acumulen sanciones administrativas o mantengan deudas con la Hacienda pública que estén en periodo ejecutivo por encima de los 100.000 euros”, según Francisco Vázquez, fueron otras medidas propuestas. Todo ello, opinan, les ayudaría a conseguir la autonomía económica, lo cual, a su vez, haría innecesario depender del presupuesto del Ministerio para planificar su lucha contra el fraude, presupuesto que, según indicó Vázquez, se ha reducido un 25% en los últimos cinco años. “Si se quiere luchar contra el fraude, eso no puede ser”.

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