El almuerzo informativo con el Secretario de Estado de Infraestructuras termina la primera jornada del Curso de Economía organizado por APIE y el Banco Popular
Un momento del almuerzo de prensa con Rafael Catalá, Secretario de Estado de Infraestructuras, con el que se cerró la primera jornada del curso de economía organizado por APIE.
Catalá acudió al curso como el invitado especial más idóneo para una jornada que había estado dedicada a Las Infraestructuras ante el Nuevo Escenario de la Recuperación. Sin embargo, como él mismo se encargó de recordar al inicio de su intervención, su cargo también abarcaba las áreas de Transporte y Vivienda, por lo que dio un repaso exhaustivo a las inversiones del Ministerio que abarcaban también estas áreas: carreteras, ferrocarriles, puertos, infraestructura aeroportuaria y vivienda, campo este último donde reafirmó la apuesta del Ministerio por fomentar el mercado de alquiler que ha experimentado un aumento de cinco puntos “colocándose en una proporción de 20/80 con respecto a la propiedad”, declaró.
Una privatización muy especial
El turno de preguntas se centró especialmente en dos puntos en espera de resolución, como es la privatización de AENA y la liquidación de las autopistas de peaje que se encuentran actualmente en concurso de acreedores. Sobre el primer tema, Catalá evitó una respuesta definitiva, señalando el excelente comportamiento de AENA dentro del ámbito público -1.500 millones de EBITDA y 300 millones de ingresos en 2013- como consecuencia de los ingresos comerciales y su política de recortes y contención del gasto, ERE incluído.
Aunque declaró que “habría que plantearse una entrada de capital privado en la compañía, para hacer mejor las cosas y reforzarla” y señaló varias veces el gran valor de AENA como activo económico, descartó que la privatización fuera un destino irreversible. “AENA no tiene que ser privatizada sí o sí”, ya que, indicó, el proceso tendría unas características muy especiales, donde deben prevalecer las políticas que beneficien al transporte aéreo. “No puede ser que se privatice la compañía y el nuevo dueño ponga las tasas que a él mejor le parezcan”.
La resolución de la situación de las nueve autopistas de peaje que hay actualmente en concurso de acreedores en España es un asunto en el que, declaró Catalá, el Ministerio lleva dos años trabajando en busca de un modelo definitivo. Frente a la integración de estas autopistas en una sociedad pública o la liquidación de las sociedades, informó, es necesario determinar cuál de las dos soluciones sería menos costosa. “El proceso de liquidación abriría un escenario litigioso de difícil resolución y muy diferido en el tiempo”, pero la integración de una sociedad pública podría tener también repercusiones económicas. En cualquier caso, determinó, “No debemos dedicar los impuestos de los ciudadanos a rescatar empresas con problemas de sostenibilidad”.
Inversión privada y peaje
Antes del almuerzo, la primera jornada del XVII Curso de Economía para Periodistas había contado con la participación de Juan Lazcano, vicepresidente de la CEOE y presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), y de Julián Núñez, presidente de SEOPAN.
El primero solicitó durante su intervención que se desarrollara una nueva declaración sobre inversión privada que permitiera al capital internacional invertir en infraestructuras de transporte en España “con la misma naturalidad con que lo están haciendo en vivienda”. Recordó que las carreteras españolas acumulan un déficit de mantenimiento de 5.000 millones, y demandó un aporte de 3.200 millones, a repartir mitad y mitad entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas.
Julián Núñez coincidió con Lazcano en la necesidad de “modernizar” el marco regulatorio actual para facilitar la captación de capital privado, y solicitó del Gobierno una mayor garantía para la financiación de las obras públicas, de forma que la empresa que invierta en una infraestructura tenga la seguridad de que no perderá ese capital por circunstancias externas como puede ser un cambio de Gobierno. Nuñez y Lazcano coincidieron igualmente en apoyar la implantación del pago por uso en autovías, medida que, declararon, permitiría al Estado recaudar 4.000 millones anuales con los que cubrir el mantenimiento de toda la red viaria y la reconversión del sector del transporte.
Núñez y Lazcano también se mostraron de acuerdo en señalar el modelo de sociedad pública como la mejor solución para los concesionarios de autopistas en quiebra, y el primero declaró que los accionistas “estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra participación”, en esta sociedad, cifrada en un 20 por ciento, si con ello se consigue que la UE autorice la operación. Aún así, añadió, la Administración seguiría debiendo abonarles los 473 millones de euros que aún les adeuda por las modificaciones de obras realizadas en las vías.
