Miguel Ferre, Secretario de Estado de Hacienda, en un momento del almuerzo de prensa que cerró la Tercera Jornada del Curso de Periodismo de la APIE.
El Secretario de Estado de Hacienda cerró la Tercera Jornada del Curso de Economía de APIE, donde se habló de los casos del Banco de Madrid y el Informe de la Agencia Tributaria sobre la financiación del PP
Como había ocurrido el lunes, los temas de actualidad se infiltraron casi por derecho propio en las materias previstas para el día durante la Tercera Jornada del Curso de Economía organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), con la colaboración del Banco Popular. De ahí la abundante presencia, tanto en el almuerzo de prensa con Miguel Ferre como en la ponencia previa de Ransés Pérez Boga, de medios interesados en preguntar sobre casos tan recientes aún como el Banco de Madrid o el informe realizado por la Agencia Tributaria sobre la financiación del Partido Popular.
Inicio del almuerzo de prensa, que contó con la presencia de numerosos medios especializados y generalistas.
Antes del turno de preguntas, el Secretario de Estado de Hacienda anunció una serie de medidas a poner en marcha durante este año, destinadas a continuar modificando, reduciendo o eliminando “los agujeros por los que se escapaba la evasión fiscal”. Aunque se mantendrán las actuaciones presenciales de los funcionarios de la Agencia Tributaria, Miguel Ferre señaló la necesidad de ampliar su alcance al entorno de la economía digital, que cada vez ofrece una mayor variedad de servicios, y anunció un control de la actividad comercial de más de 200.000 dominios y páginas web. Señaló también que este verano se incrementará la atención de la Agencia Tributaria en el campo de la hostelería y alquileres.
En el terreno internacional, anunció los colaboración de España en el proyecto BEPS de la OCDE, y específicamente sobre uno de los objetivos de ese proyecto, que es terminar con las maniobras de determinadas multinacionales tecnológicas para pagar sus impuestos en el país de la UE donde la fiscalidad les es más conveniente, analizando requiriéndoles información detallada de su actividad país por país: “para 2017 tendremos la capacidad de procesar toda esa información para que esas empresas paguen en España los impuestos que corresponden”.
Ejemplo con los grandes morosos
Asimismo, anunció una mayor exigencia de información sobre el patrimonio en el exterior, que se concentrará en actuaciones sobre 7.000 contribuyentes, que han facilitado nueva información sobre sus bienes en el extranjero. Pero quizá la medida más espectacular fue el anuncio de la publicación del listado de morosos y defraudadores, que se llevará a cabo para diciembre de este año. En esta lista aparecerán quienes tengan una deuda con Hacienda superior al millón de euros. La clasificación estará completada para finales de julio, y previamente se les comunicará a los afectados para que tengan tiempo, si lo desean, de reclamar o presentar una alegación.
Miguel Ferre junto a Amparo Estrada, de la Junta Directiva de la APIE, durante el almuerzo de prensa que cerró la Tercera Jornada del Curso de Periodismo.
Miguel Ferre defendió esta práctica como habitual en otros países, y la justificó alegando que “el efecto reputacional que se pueda derivar de dar esta publicidad debería generar un efecto importante de cumplimiento voluntario de las obligaciones ejecutarias”. El proceso, añadió, se llevará a cabo “siguiendo los datos de unos informes sin que se ataque el derecho al honor de nadie”.
«Total independencia»
El caso del informe sobre la financiación del Partido Popular no sólo ocupó buena parte del turno de preguntas, sino que puso sobre la mesa temas pendientes como el cambio del estatuto orgánico de la Agencia Tributaria. En ese sentido, Miguel Ferre rechazó categóricamente todas las acusaciones de politización “ni creo que la haya habido en otras legislaturas. Quien conozca la Agencia Tributaria sabe que no es una cosa politizable así como así”. Preguntado sobre el informe, se mostró “convencidísimo de que el proceso se ha llevado a cabo con total independencia y sin ninguna presión”, y consideró “irrelevante” que en su elaboración haya intervenido Rogelio Menéndez, hermano del director de la Agencia Tributaria.
El Secretario se mostró favorable a buscar un consenso político sobre los contenidos del cambio, pero –contestando indirectamente a las declaraciones de Pedro Sánchez ese mismo día- declaró que habría puntos intocables: “no creemos que el director tenga que ser nombrado por el Congreso de los Diputados, eso no ocurre en ninguna pare del mundo. Hay una referencia internacional en la OCDE de la que no tiene mucho sentido separarse. A partir de ahí hay cosas, como los famosos puestos de libre designación, en los que se puede trabajar”.
El asalariado, principal objetivo
Previamente al almuerzo con el Secretario de Estado, Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, había ofrecido su punto de vista sobre preguntas muy similares al término de su ponencia. Aunque advirtió que no había leído el informe, expresó su rechazo a cualquier tipo de injerencia y reclamó la independencia de la Agencia Tributaria. “Los informes”, declaró, “deberían ir firmados por el inspector que los realiza”. En cuando a los comentarios que intentaban establecer una comparación entre Cáritas y el Partido Popular, los consideró “como comparar a un elefante con una pistola; no tienen nada que ver. Es algo desafortunado y no procedente”.
Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) durante su ponencia en la Tercera Jornada del Curso de Periodismo de la APIE.
Pérez Boga denunció también una creciente carencia de medios en la Agencia Tributaria, que se corresponde con una mayor exigencia de objetivos: “cada año nos piden más, pero cada año somos menos”; en esas condiciones, señaló, la única manera de cumplir con los objetivos es trabajar sobre el colectivo más controlado, que es el de los asalariados. “Lo hace el ordenador, el funcionario sólo lo verifica”; tanto las pymes como las grandes empresas, indicó, están sometidas a un menor control, ya que no cuentan con los medios suficientes para ello. “Y las grandes empresas siempre tienen muy fácil crear sistemas de elusión fiscal”. Esta situación, añadió, debería cambiar, ya que aunque garantice la recaudación inmediata, a medios y largo plazo puede ser “contraproducente”.
Una nueva fiscalidad internacional
La Tercera Jornada del Curso fue iniciada por Alfonso Puyol, Socio Experto en Fiscalidad Internacional de EY Abogados, que explicó las características y fechas de implantación del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), puesto en marcha por la OCDE para evitar las maniobras de determinadas multinacionales, pertenecientes sobre todo al sector tecnológico, para pagar sus impuestos en los países de la UE con una menor carga fiscal, aunque no sea en ellos donde se genera la mayor parte de sus ingresos.
Un momento de la ponencia de Alfonso Puyol, Socio Experto en Fiscalidad Internacional de EY Abogados, en la Tercera Jornada del Curso de Periodismo de la APIE.
El proyecto consta de quince pasos, que incluyen la obligación de presentar el informe de actividades país por país a que se refirió Miguel Ferre. Las principales áreas de atención del proyecto se centrarán en la venta online, los mecanismos híbridos –que permiten tratar como deuda en un país lo que en otro se considera capital- el tratamiento de operaciones financieras, y los precios de transferencia –para asegurar que las ventas entre empresas de una misma compañía se realicen a precio se mercado- y los regímenes fiscales referenciales y paraísos fiscales.
“La idea es ir hacia un nuevo modelo de fiscalidad internacional”, declaró Puyol, pero añadió que ello “implica el acuerdo de todos los estados de la OCDE y del G20. Si no, será imposible implantarlo”. Sobre el papel de España, destacó que es uno de los países que más está colaborando en la implantación del proyecto y añadió que “la última reforma fiscal es, en ese sentido, muy significativa”.
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