La presidenta de la CNMC anuncia en el curso de la APIE la intención de recuperar las enmiendas varadas por la disolución de las Cortes en cuanto haya un nuevo Gobierno
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Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, durante su intervención en el curso de economía organizado por la APIE en la Universidad Menéndez Pelayo.
La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales han dejado en el aire una serie de enmiendas que afectaban al funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que su presidenta, Cani Fernandez, tiene intención de retomar tan pronto vuelva a haber un Gobierno establecido, según ha anunciado en el curso de verano La economía de la Democracia. De la Transición y la entrada en la UE hasta la crisis de la pandemia, organizado por la APIE con el patrocinio de BBVA en la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander.
Entre ellas cabe destacar una modificación de la Ley de Defensa de la Competencia que permitiría ampliar hasta un máximo de 50 millones y un mínimo de un millón las multas a empresas que participen en un cartel, y de 60.000 a 400.000 euros las multas a los directivos que se vean envueltos en estas prácticas, ya que, según ha declarado Cani Fernández, “hemos visto que las sanciones son mucho más disuasorias si se aplican a los directivos que a la empresa”.
La presidenta de la CNMC también ha declarado su extrañeza ante el hecho de que los bancos no hayan iniciado una competencia por captar clientes aumentando la remuneración de depósitos, y ha especulado sobre que se esté produciendo una “colusión tácita”, contra la que su organismo carece de competencias para actuar, ya que “no tenemos herramientas de investigaciones de mercado como tienen Reino Unido o Alemania”.
