El director de europeG presenta el informe “Para hacer frente a la crisis de la COVID-19: avanzar hacia la integración europea” en un acto organizado con la colaboración de APIE
La situación de emergencia creada por la llegada de la Covid-19 ha servido para demostrar la gran capacidad de supervivencia de la Unión Europea, pero también para poner una vez más de relieve sus carencias organizativas y la lentitud en la toma de decisiones urgentes derivada de su propia estructura. Algo que ya se hizo notar en la crisis financiera de 2008 y que ha vuelto a ponerse de relieve en este último año, cuando el continente aún no se había recuperado de la situación anterior.
Estas han sido algunas de las conclusiones expresadas por Antoni Castells, director del grupo de opinión y reflexión en economía política europeG, durante la presentación del policy brief del que es autor “Para hacer frente a la crisis de la COVID-19: avanzar hacia la integración europea”, en un acto organizado con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Información Económica.
En principio, la Unión reaccionó con rapidez, aprobando el 9 de abril un paquete de tres medidas de gran calado -240.000 millones en ayudas a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), 200.000 en préstamos a través del Banco Europeo de Inversiones, destinados sobre todo a las pymes, y 100.000 millones a través del programa SURE para cubrir los gastos extraordinarios en desempleo-, complementado con el Next Generation EU (NGEU), adoptado por el Consejo de la Unión el 21 de julio, que comprometía 750.000 millones en subvenciones y préstamos -los famosos fondos de recuperación- para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, la oposición de algunos de los estados miembros -principalmente Polonia y Hungría- ha retrasado la implantación de este último, poniendo de relieve los obstáculos en la gobernanza europea. “Estos acuerdos tienen que tener efecto cuando la economía está mal, no cuando está bien, y un año después todavía no se han puesto en marcha”, ha declarado Antoni Castells.
La solución, según el director de europeG, sería continuar avanzando hacia una mayor integración política, “tener un gobierno europeo digno de ese nombre, inequívocamente democrático, elegido por los ciudadanos y con competencias para la actuación directa”, un paso decisivo para el que la Covid-19 debería servir como estímulo, pero que “no será posible mientras no se avance más en la creación de un demos europeo, un sujeto político como tal. Y el mecanismo intergubernamental de hoy es fatal, porque lo que crea es el antidemos”.
La aprobación final del NGEU constituirá un gran avance hacia ese objetivo, ya que “si sale bien, será un impulso importante en el proceso de integración política”, ha opinado Castells, mientras que “si sale mal y no se acaba mostrando realmente su utilidad, no se va a hundir el mundo, pero costará mucho volver a poner sobre la mesa una iniciativa de este calado”.
Preguntado por las ayudas europeas que recibirá España de estos fondos de recuperación, Castells ha advertido del riesgo de que el dinero se acabe dando principalmente a los grandes grupos que lo reciban más por influencia política que por la presentación de proyectos realmente innovadores, y que con el resto “se haga en paralelo una especie de pedrea para contentar a todo el mundo”, donde las empresas pequeñas reciban cantidades poco más que simbólicas. Lo deseable, ha añadido, es destinar esos fondos a financiar proyectos “que ayuden a las empresas viables a recuperarse, o a dar un cambio en el modelo político”, y que no tienen por qué estar circunscritos al ámbito privado, sino que en algunos casos “los debe liderar el sector público”.
