FEDEA presenta su informe sobre las posibles consecuencias de la derogación de la reforma de 2013 del sistema de pensiones, en un acto organizado con la colaboración de APIE.
De izquierda a derecha, Miguel Ángel García Díaz, Ángel de la Fuente y Alfonso R. Sánchez, durante la presentación del informe de FEDEA sobre la derogación de la reforma de las pensiones.
Un aumento de entre 3 y 3,6 puntos del PIB en el déficit anual de la Seguridad Social sería una de las consecuencias que tendría la derogación de la reforma del sistema de pensiones aprobada en 2013 por el Gobierno del PP, según el informe “¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el Pacto de Toledo”, que hoy ha presentado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) en un acto organizado en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). La presentación ha contado con la presencia de los autores del informe, Ángel de la Fuente, Miguel Ángel Garcia y Alfonso R. Sánchez, y de Amparo Estrada, de la Junta Directiva de APIE, que actuó como moderadora.
El informe sostiene también que una supresión de la reforma de 2013 efectuada sin planes alternativos “supondría un aumento muy considerable del gasto que podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas del sistema de pensiones durante las próximas décadas hasta hacerlo inviable”, según se lee en el comunicado de FEDEA. Este aumento de entre 3 y 3,6 puntos, acumulado con un tipo de interés ligeramente superior a la inflación, llevaría en 2070 a una cifra de entre el 100% y el 150% del PIB, lo que eventualmente podría desembocar en la suspensión de pagos.
Pocos jóvenes para mantener a los viejos
Ángel de la Fuente señaló entre los problemas más inmediatos la situación demográfica que vivirá España en las próximas décadas. “El baby boom se acerca a la edad de jubilación, y detrás vienen unas cohortes demográficas mucho más pequeñas”, lo que provocará que “hasta 2050 la parte joven de la población no será mayor que la parte vieja. La carga sobre esa gente para pagar las pensiones puede ser demasiado grande, por no decir injusta”. Por su parte, Miguel Ángel García Díaz señaló el problema añadido que supone el aumento de esperanza de vida, al que el sistema, declaró, no se ha sabido adaptar: “Vivimos un 39% más, pero las aportaciones que hacemos son las mismas, mientras que la edad de jubilación sólo ha aumentado dos años, y no para todo el mundo”. Este problema se intensificará en las próximas décadas, pues la esperanza de vida se incrementará de media en otros 4,7 años para 2050, año en que “el número de pensiones habrá aumentado un 50%. Pasaremos de 10 a 15 millones”. Ante esta situación, “La tasa de crecimiento del PIB potencial para España es el 1,23% de media desde aquí al año 2040. Nos enfrentamos a un futuro con un denominador desfavorable”.
Las cuentas públicas españolas, según señala el informe, tampoco están en su mejor momento para enfrentarse a esta situación, con una deuda en torno al 100% del PIB y un déficit del 2,5% en la parte más boyante del ciclo actual. Hay algunos factores que, de producirse, podrían contribuir a mitigar el problema, como “un elevado flujo de inmigrantes hispanohablantes y bien cualificados, que pudieran integrarse rápidamente en la economía española. Otra solución sería un aumento de la competitividad”, declaró Ángel de la Fuente, aunque señalando que “no parece probable” que vaya a ocurrir ninguna de las dos cosas, y en todo caso “No podemos fiarlo todo a la suerte de que llegue alguno de estos dos milagros en los próximos años”.
Urge una revisión del sistema
Las medidas a tomar sugeridas por el informe pasan por una contención del gasto distribuida entre los pensionistas actuales y futuros, e incrementos de ingresos provenientes no sólo de los trabajadores activos, sino de toda la sociedad. Más que aumentar los tipos fiscales, “ya razonablemente altos”, Ángel de la Fuente abogó por “darle una vuelta al conjunto del sistema tributario para intentar mantener los tipos lo más bajos posibles ampliando las bases de los impuestos”.
Otras conclusiones incluyen ligar la edad mínima de jubilación a la esperanza de vida en salud, con las excepciones necesarias por penosidad “ya que hay trabajos que no se pueden seguir desempeñando con más de 70 años”, y extender el periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral. En cuanto al ajuste de las pensiones según la inflación, es algo que se debería hacer únicamente con las mínimas “ya que es de justicia que no pierdan poder adquisitivo”, pero para las restantes debería introducirse un sistema diferente de actualización ligado a la situación financiera del sistema.
Miguel Ángel García Díaz recalcó además la importancia de trasladar a la opinión pública información correcta sobre el sistema de pensiones, que “De 2007 a 2017 su número ha crecido un 14% y su cuantía casi un 20% real. No se han reducido las pensiones: han aumentado en número y calidad. Es un esfuerzo que ha hecho la sociedad española. Lo que tenemos que preguntarnos es si podemos mantenerlo”.
