El presidente de la IAF y el Fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza participan en un desayuno de prensa organizado por APIE sobre policía aduanera y fiscal
“Estamos en un momento propicio para tomar decisiones valientes, y que el departamento de vigilancia aduanera se convierta en un departamento independiente dentro del Ministerio de Hacienda”. Esta fue la propuesta lanzada por Fernando Iglesias Pérez, presidente de Investigación Aduanera y Fiscal (IAF), durante la jornada sobre “La actuación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria” organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), que contó también con la participación de Julio Lesmes, portavoz y vocal de la IAF, y el Fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, además de Amparo Estrada, de la Junta Directiva de APIE, que actuó como moderadora.
La reclamación de más medios y efectivos, y una mayor agilización en las subastas de los bienes incautados a las organizaciones criminales fueron otros de los puntos que se plantearon durante la jornada, en la que Fernando Iglesias definió a la vigilancia aduanera como “la gran desconocida”, comparada con el conocimiento general que tienen los ciudadanos del papel de la Policía Nacional o la Guardia Civil en el desmantelamiento de organizaciones criminales, aunque lo más frecuente es que los tres cuerpos colaboren entre sí: “Nos diferencia que dependemos del Ministerio de Hacienda, no del de Interior, y que nuestras competencias son delimitadas: contrabando, blanqueo de capitales y delitos fiscales”.
De izquierda a derecha, Julio Lesmes, vocal y portavoz de IAF, Fernando Iglesias, presidente, durante la jornada sobre investigación aduanera y fiscal organizada por la APIE.
Julio Lesmes concretó que el 90% de las actividades de la policía aduanera y fiscal se refiere al delito fiscal, el blanqueo de capitales y el narcotráfico “que suelen estar ligados entre sí. En el blanqueo de capitales habrá que poner el acento en los próximos años”. El resto lo ocupan otro tipo de contrabandos, como el de tabaco, y fraudes aduaneros como el infravalor de mercancías -declarar en la aduana un valor inferior al real- o piratería y delitos contra la propiedad industrial, como es el caso de las falsificaciones de productos electrónicos.
Javier Zaragoza recordó que la peculiar condición de la policía aduanera fue la excusa que intentaron esgrimir los abogados en las primeras detenciones de grandes narcos, cuando comenzó su andadura en los años 90, negándoles su categoría de cuerpo policial. “Ocurrió con la detención de Laureano Oubiña en 1997, pero después del juicio nadie volvió a cuestionar la competencia y autoridad de vigilancia aduanera”, recordó añadiendo que actualmente “tiene todos los cometidos propios de la Policía y la Guardia Civil cuando realiza una investigación”. Su equipo técnico y humano consta de 2.000 funcionarios, seis helicópteros, cuatro aviones, más de 500 vehículos, 36 embarcaciones y dos buques de operaciones especiales dotados de helipuerto y de calabozos a bordo, que protagonizan las grandes aprehensiones en alta mar.
Javier Zaragoza, Fiscal del Tribunal Supremo, durante la jornada sobre investigación aduanera y fiscal organizada por la APIE.
Con todo, reclaman mejoras y advierten de debilitamientos en un futuro no muy lejano. La independencia dentro del Ministerio de Hacienda reclamada sería uno de los puntos pendientes, pues les permitiría ganar fluidez y trabajar más en equipos multidisciplinares. Pero Fernando Iglesias reclamó también un aumento de medios humanos, pues además de que España cuenta con la mitad de funcionarios para la vigilancia de las aduanas que países como Alemania y Francia, “casi la mitad se van a jubilar dentro de ocho años. O entran nuevos compañeros antes para poder transmitir el conocimiento, o vamos a tener un problema”. El número de funcionarios, añadió, es el mismo con el que contaban en 1992, para un PIB mucho mayor “y es gracias a la eficacia de los compañeros por lo que alcanzamos siempre los objetivos”.
Otro punto mejorable destacado en la jornada sería una agilización de la subasta de los bienes incautados, que muchas veces se alarga hasta que han perdido una buena parte de su valor. Javier Zaragoza recordó el caso de barcos incautados en los puertos “que pasan dos años, siguen allí y les faltan la mitad de las piezas”, o de automóviles cuyo precio en el mercado no para de decrecer. “Hay una resistencia judicial, algunos jueves no quieren llevar a cabo ventas anticipadas, pensando en qué ocurre luego si el acusado es absuelto”, declaró. “Aunque la normativa se lo permite, y esos casos están expresamente previstos. Tendría que ser un procedimiento más rápido, en vez de almacenar algo que tenga valor”.
ENLACES DIRECTOS
