Los Inspectores de Hacienda Locales denuncian la externalización de servicios por parte de los ayuntamientos y la falta de recursos y autonomía en un acto organizado conjuntamente con la Asociación de Periodistas de Información Económica
Arturo José Delgado y Antonio Arenales Rasines, Presidente y Vicepresidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, durante su intervención en la jornada organizada por ANIHPL y APIE.
La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha denunciado que las administraciones públicas locales continúan externalizando a entidades privadas los servicios de inspección de los tributos locales ante la falta de medios del personal funcionario. Una práctica fraudulenta que acumula sentencias en contra desde hace años y que supone una vuelta de tuerca más en el abandono que sufre la inspección tributaria.
La razón de esta externalización masiva “se debe a la carencia de medios de los entes locales para obtener los ingresos que les corresponden de acuerdo con el ordenamiento jurídico tributario”, ha declarado Arturo José Delgado, presidente de la ANIPHL, quien, junto con el vicepresidente, Antonio Arenales, ha participado en el encuentro Una visión de la Reforma Fiscal desde la óptica de la Hacienda Local, organizado conjuntamente con la Asociación de Periodistas de Información Económica, y moderado por el periodista Juande Portillo, de la Junta Directiva de la APIE.
Arturo José Delgado y Antonio Arenales Rasines, Presidente y Vicepresidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, durante su intervención en la jornada organizada por ANIHPL y APIE.
Arturo José Delgado ha señalado que estas prácticas se llevan a cabo en ayuntamientos “de todos los colores políticos”, que traspasan líneas rojas al suscribir contratos no muy distintos -cuando no iguales- a los que previamente han sido ya anulados por resolución judicial. Las empresas que llevan a cabo estas tareas pueden cobrar unas comisiones de hasta el 35%, y su trabajo no se limita a asistir a los funcionarios, sino que llegan incluso a conocer los planes reservados de la Inspección, e incluso -más grave todavía- los elaboran, seleccionando de paso a los contribuyentes que pueden ser objeto de una inspección. Son prácticas ya juzgadas fraudulentas por distintos tribunales.
Los representantes de la ANIPHL han denunciado igualmente la situación de “grandes olvidadas” de las haciendas locales dentro del sistema tributario español, y de la obsolescencia de su estructura. “La tributación local mantiene un diseño del siglo XIX. Estamos con un planteamiento preconstitucional, pero no del régimen anterior, sino de hace dos siglos”, ha declarado su presidente. Esto se hace notar en una excesiva tutela estatal que, en muchas ocasiones, condiciona el buen funcionamiento de la gestión e inspección de los mismos, como en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) puesto como ejemplo por Antonio Arenales: “el fraude se produce cuando los contribuyentes lo comunican a la Agencia Tributaria, pero esta no presta mucho interés, porque no es un impuesto suyo. Los recibos que se emiten son incorrectos porque no se ajustan a la realidad”.
La Plusvalía, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) son otros tributos locales que la ANIPHL ha señalado como situado en “una inseguridad jurídica permanente”.
