Los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo vaticinan un acuerdo próximo en la primera sesión del Curso de Economía
De izquierda a derecha: Íñigo Barandiarán (EAJ-PNV), Jose María Barrios (PP), Carles Campuzano (PDeCAT), Aina Vidal (Podemos-En Comú Podem-En Marea), Mercè Perea (PSOE) y Sergio del Campo (Ciudadanos), participantes en el debate sobre las pensiones con el que comenzó el XXXI Curso de Economía organizado por la APIE.
Jose Maria Barrios, por el Partido Popular, Mercé Perea, por el PSOE, Sergio del Campo, por Ciudadanos, Aina Vidal, por Podemos-En Comú Podem-En Marea, Carles Campuzano, por el PDeCAT e Íñigo Barandiaran por EAJ-PNV fueron los protagonistas del debate “La reforma de las pensiones: pactos y propuestas”, con el que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) inició la primera jornada de su XXXI Curso de Economía para Periodistas. El acto contó también con la presencia de Amparo Estrada, de la Junta Directiva de APIE, que actuó como moderadora.
La mayoría de los ponentes coincidió en la proximidad de un acuerdo sobre la reforma de pensiones que podría alcanzarse para finales de año ya que, como indicó Carles Campuzano, “tenemos más puntos de coincidencia que de discrepancia”, aunque señaló entre estos últimos la reforma de las pensiones impuesta por decreto por el PP en 2013 y, muy especialmente, el factor de sostenibilidad. El acuerdo de 2013, añadió, “ya no tiene el apoyo de la comisión permanente”, lo que provocará el inicio de una nueva discusión.
El reciente acuerdo con el PNV retrasará la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023, lo cual, declaró Jose María Barrios, deja tiempo para analizar posibles cambios, ya que “a lo mejor hay cosas que no sirven. La sociedad evoluciona y no tiene que ser siempre lo mismo”. Sobre otro de los temas de discusión, el índice de revalorización de las pensiones, explicó que “No tenemos ningún capricho en mantener el que hay”, aunque siempre habrá que fijar unos criterios que sean fácilmente aplicables. “No sirve de nada establecer un criterio rígido si luego la economía no nos permite aplicarlo. ¿Se pueden mantener las subidas si luego llegan más años de recesión?” En ese marco, añadió, la clave radicaría en garantizar la subida de las pensiones mínimas, aunque “a lo mejor las máximas no puedan subir”.
Mercé Perea, por su parte, se mostró igualmente convencida de la proximidad de un pacto, y abogó por retomar el IPC como guía para revalorizar las pensiones “que es lo que da seguridad a la ciudadanía, ya que garantiza el poder adquisitivo y todo el mundo lo entiende”, y por tanto no se puede dejar al albur en futuros acuerdos. Si bien no consideró que tuvieran que sentirse “dólidos” por el reciente pacto del Gobierno con el PNV, rechazó la adopción de medidas unilaterales: “Revitalizar el Pacto de Toledo es una necesidad imperiosa, hay que llegar a consensos que nos permitan tirar para adelante”.
Un momento del debate sobre las pensiones con el que comenzó el XXXI Curso de Economía organizado por la APIE.
Más crítica con el pacto se mostró Aina Vidal, de Podemos-En Comú, al que calificó de “filibusterismo parlamentario”. “Cuando conviene es muy importante hablar y llegar a consensos, y cuando no conviene se llega a un acuerdo entre partidos y las pensiones se convierten en un arma arrojadiza”, añadió, señalando la búsqueda de nuevos ingresos para cubrir la presión que en los próximos 30 años tendrá la Seguridad Social a causa de toda la gente que entrará en sus prestaciones. Una búsqueda que comprendería el destope de las pensiones, nuevos tipos impositivos, impuestos a la banca y a las transacciones financieras y captaciones estructurales vía Presupuestos Generales, entre otras medidas. “Una cosa es el debate sobre si las pensiones son suficientes, y otro es el debate de la revalorización, que debe darse indistintamente de cuál sea la pensión; es parte del contrato social”.
Vista general de la sala durante el debate sobre pensiones con el que comenzó el XXXI Curso de Economía organizado por la APIE.
Sergio del Campo, de Ciudadanos, advirtió que el índice de revalorización “ha supuesto un problema en un escenario deflacionista como el que hemos tenido hasta hace un año”, y vaticinó que como consecuencia “los que ya han accedido al sistema de jubilación van a perder un 30% de su poder adquisitivo en los próximos 20 años”. Las soluciones propuestas por su partido pasan por una mejora en el mercado de trabajo que incluye propuestas de fomento de la conciliación para mejorar la tasa de natalidad y adelantar la obligación de jubilarse a los 67 años -que actualmente entrará en vigor en 2022-, combinada con un sistema de información eficaz que permita al trabajador calcular cuánto cobrará.
Iñigo Barandiaran, de EAJ-PNV, advirtió que “no habrá ningún acuerdo si no se garantiza a las generaciones venideras que serán partícipes de este sistema de pensiones. Y hoy hay muchos jóvenes que dudan que vayan a acceder a él, salvo como simples cotizantes”. El sistema, añadió, sufre de “un déficit estructural”; actualmente la media de ingresos de nuevos cotizantes es inferior a la media de pensiones que se han pagado a los nuevos jubilados, lo que supone un decalaje que habrá que solventar con medidas complementarias. Tambien señaló la necesidad de una atención especial a los mayores de 50 años, ya que “hay un menosprecio del ámbito laboral hacia ese grupo de población”.
ENLACES DIRECTOS
