La CEOE presenta su informe El Sector Inmobiliario: Propuestas para la Recuperación en un acto conjunto con la Asociación de Periodistas de Información Económica.

Más de 1.400.000 es la cifra de trabajos perdidos que la crisis ha dejado en el sector inmobiliario, un sector que pasó de 800.000 viviendas iniciadas en el año 2007 a 35.000 en 2014 y 50.000 al año siguiente. Una vez hecho el recuento de bajas, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado, en un acto organizado conjuntamente con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), sus ideas para el futuro recogidas en el informe El Sector Inmobiliario: Propuestas para la Recuperación.

La presentación, celebrada en la sede madrileña de la CEOE, ha corrido a cargo de Juan Lazcano, Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente del la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) y del Comité de Edificación Residencial, y de Bernardo Aguilera, Director del Departamento de Asuntos Económicos y Europeos de CEOE, además de Amparo Estrada, de la Junta Directiva de APIE, que actuó como moderadora.

150.000 nuevas viviendas al año

Las cifras de pérdidas fueron enumeradas al principio de la sesión por Juan Lazcano, quien declaró que durante los años de crisis el sector “no ha recibido ningún tipo de ayuda y ha tenido que enfrentarse a la situación a pelo”, y ha solicitado “un compromiso público, no dinerario pero sí estructural” para apoyar la salida de esta situación y alcanzar unos niveles de producción de 150.000 viviendas iniciadas al año, lo que permitiría equiparar a España a los ratios de la Unión Europea, y crear 500.000 puestos de trabajo de forma sostenida. ¿Hay espacio para ello? Según el informe de la CEOE, la demanda de vivienda solvente es muy superior al número de viviendas nuevas al año. Pero los precios tienen que bajar para adecuarse al nivel adquisitivo de los demandantes.

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De izquierda a derecha, Juan Antonio Gómez-Pintado, Juan Lazcano y Bernardo Aguilera, durante la presentación del informe.

En su intervención, Juan Antonio Gómez-Pintado especificó los detalles de este compromiso, no sin incluir una dosis de autocrítica cuando declaró que “la idea básica es que no tenemos que afrontar la recuperación, sino la renegeración de este sector, partiendo de unas premisas muy distintas de cómo lo veníamos haciendo en el pasado”. Pero, añadió, este cambio de premisas también debe alcanzar a la Administración, que no ha dirigido una iniciativa público-privada a la hora de crear proyectos que puedan presentarse al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, ni ha realizado una catalogación de edificios protegidos necesitados de rehabilitación. En cuando a la vivienda privada, “hay una gran cantidad de infraviviendas construidas en los años 50 y 60 que hoy son obsoletas. O se hacen programas de recuperación urbana destinada a su reforma, o difícilmente podremos alcanzar los requerimientos europeos de eficiencia energética”, añadió.

Legislación enrevesada

A la hora de apostar por la reducción de los costes, Gómez-Pintado aclaró que es un campo donde las propias empresas inmobiliarias tienen muy poco margen: “El 50% del coste de una vivienda es suelo. El 25% son impuestos, y el otro 25% son costes de producción. Nosotros podemos innovar para que esos costes de producción sean menores, pero apenas podemos reducir unas décimas. La rebaja tiene que venir de los otros dos pilares”.

Más que una reducción de impuestos, que reconoció difícil de emprender dadas las condiciones actuales, Gomez-Pintado señaló obstáculos legislativos que podrían salvarse: “Tenemos más de mil normas urbanísticas y 5.000 ordenanzas municipales. Necesitamos racionalización para eliminar normativas obsoletas y planes generales que llevan más de 40 años en vigor”, así como la puesta en marcha de un plan de vivienda que ahora mismo, denunció, no existe, ya que “todas las ayudas se han dedicado al alquiler o a la rehabilitación”. Pero aunque el plan haya desaparecido, no lo han hecho las exigencias y requisitos legales a quienes quieren optar a una vivienda protegida; una de sus consecuencias es que se iguala el precio de las viviendas protegidas y el de las libres. “Lo lógico es que en un plan de vivienda no se proteja a la vivienda, sino a la persona”. Señaló también otros procesos necesitados de agilización, como la licencia de primera ocupación, que debería poder realizarse por canales informáticos y no necesitar hasta cuatro meses para su obtención.

Preguntado por la situación política, Gómez-Pintado no consideró que la falta de Gobierno haya perjudicado al sector, al menos de momento, pero sí reconoció que, si la situación de prolonga más tiempo, empezará a ser “preocupante”. Para Juan Lazcano, la pasada ha sido una legislatura perdida “en algunas cosas. Ha faltado conciencia en cuanto a la financiación y la comunicación, y ejemplaridad rehabilitando edificios públicos, como mandaba la directiva europea”.

Hacer clic aquí para descargar el informe completo

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