El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España resalta la importancia de los auditores en la economía del país, y reclama cambios en la próxima Ley de Auditoría

“Si las auditorías desaparecieran mañana, la economía dejaría de funcionar. Y si no hubieran hecho su trabajo estos años, la crisis habría sido mucho mayor”. Así de categórico se mostró Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, en el desayuno de prensa organizado conjuntamente con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en el que expresó las dudas del sector ante el anteproyecto de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas.

Un anteproyecto que, según indicó Alonso, el Gobierno estaría planteando quizá con excesiva prisa, sobre todo teniendo en cuenta que esta Ley no entrará en vigor hasta junio de 2016; pero, aunque “por una vez nos hemos adelantado y se están haciendo las cosas con tiempo suficiente”, considera que parte de ese plazo debería emplearse para discutir algunos aspectos dentro del margen de autonomía que permite la Ley, impuesta desde la Unión Europea. “Estamos preocupados porque nos parece que el anteproyecto que hay encima de la mesa no es el que tendría que tener la profesión”, declaró. “Lo que pedimos es hablar de todos estos puntos para alcanzar posturas de consenso”.

Homogeneización y claridad

Las reclamaciones del sector, especificó Alonso, se refieren a puntos como una mayor homogeneización con Europa, que comenzaría conociendo qué camino van a tomar los demás países en los aspectos no regulados por la normativa europea; una normativa que, además, ha considerado demasiado abierta a la interpretación, con “partes verdaderamente confusas. Algunos artículos no se entienden, y la Comisión Europea está sacando interpretaciones de su propia legislación”. La actual normativa jurídica en España, puntualizó, es aún confusa en muchos aspectos: “hay muchos campos en los que todavía no sabemos si podemos hacer algo o no, y nos pasamos el día preguntando”. La llegada de la nueva ley “es una oportunidad histórica para salir de esa nebulosa”.

De la misma manera, Alonso declaró que el anteproyecto no contribuirá a despejar la excesiva concentración que afecta a este sector, ya que entorpecerá la aparición de pequeñas y medianas empresas de auditoría con medidas como el aumento de cargas impositivas, algo sobre lo que la ley europea “no dice nada. Es una decisión de cada país, y España ha decidido aumentarlas”. Alonso especificó que, de las 60.000 auditorías que se llevan a cabo en España cada año, sólo alrededor de 40 han recibido sanciones graves o muy graves; y aunque una firma grande pueda asumir una sanción de esa categoría, en el caso de una pyme puede ser demasiado como para que continúe con su actividad.

Las incompatibilidades entre cargos profesionales y los plazos de rotación son otro de los aspectos que consideran de revisión necesaria. Preguntado por las posibles razones de este apresuramiento en la puerta en marcha de una Ley que goza de más de un año y medio de plazo para entrar en vigor, Mario Alonso no quiso entrar en detalles, aunque sí opinó que “Esta ley no puede ser sesgada por determinados casos mediáticos”.

Lección magistral

Estas declaraciones sobre la futura nueva ley ocuparon la segunda parte del desayuno de trabajo; la primera fue toda una lección magistral de Mario Alonso, que ofreció a los medios presentes un breve pero completo repaso de los distintos aspectos del trabajo de un auditor, ya que, aclaró, “uno de los trabajos principales del Instituto es explicar a la gente qué es lo que hacemos, algo que no siempre se termina de entender”. Los datos y explicaciones sobre la función, las limitaciones y los riesgos de los auditores partieron de una de las primeras frases de su exposición: “una auditoría no es más que una opinión independiente sobre si unas cuentas anuales representan o no la realidad económica, patrimonial o financiera de una sociedad en términos globales. Y si no es independiente, no tiene sentido”.

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