La Asociación Nacional de Cobro (ANGECO) solicita con urgencia una regulación del sector del recobro en un desayuno de prensa organizado por APIE.

Los años de crisis han popularizado más de lo que sería deseable el término “impagados”; ha aparecido muy a menudo en los medios de comunicación, y muy a menudo de forma incorrecta, como consecuencia de la relativa anarquía imperante en un sector profesional que aún carece de una regulación específica. Reclamar esa regulación fue el objetivo principal del desayuno de prensa organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica, que contó con la presencia de Cristina Aparicio, presidenta de Asociación Nacional de Gestión de Cobro (ANGECO), Antón Alfaya, managing director de TDX Indigo e Íñigo Mato, managing director de venta global de deuda de TDX Indigo, además de con Andrés Dulanto Scott, de la Junta Directiva de APIE, que actuó como moderador.

De izquierda a derecha, Andrés Dulanto Scott, de la Junta Directiva de APIE, Íñigo Mato, Managing Director de Global Debt Sale de TDX Indigo, Cristina Aparicio, presidenta de ANGECO, y Antón Alfaya, Managing Director de TDX Indigo, en el desayuno de prensa organizado por APIE.

En su intervención, Cristina Aparicio señaló que “España y Portugal son los únicos países de la UE que carecen de regulación específica y debidamente establecida para la recuperación de deudas”, lo cual afecta negativamente a la profesionalización de un sector clave para la economía del país: las 57 compañías que forman parte de ANGECO dan empleo directo a más de 10.000 personas y gestionan más de 60 millones de expedientes, que engloban una cantidad superior a los 140.000 millones de euros. Los beneficios del sector en 2016 alcanzaron los 575 millones “procedentes de la comisión por éxito que tienen las compañías de recobro”.

Contra la dignidad del deudor 

La función de las compañias de cobro de impagados, añadió, es “recuperar deuda de la actividad económica del país y, con esa recuperación, aportar una nueva inyección al sistema”. Pero la falta de regulación ha contribuído a crear una situación de impunidad para determinadas compañías -más de 700 en total- “que ponen en marcha prácticas impropias que afectan a la dignidad del deudor”. Si bien no quiso mencionar el nombre de ninguna de ellas, Aparicio sí señaló que “van con esos coches identificados y luego, cuando hay un programa de televisión sobre los recobros, son las únicas que salen. Hacen demasiado ruído para el poco montante economico que aportan al sector”.

Mientras no exista una regulación, añadieron los participantes en la rueda de prensa, seguirá siendo difícil diferenciar a los verdaderos profesionales del recobro. Las 57 empresas incluídas en ANGECO gestionan aproximadamente el 80 por ciento del volumen de negocio de impagados, y el restante estaría repartido entre las otras 700, un territorio nebuloso donde demasiados participantes no cuentan con la capacidad financiera necesaria para abordar las inversiones en recursos humanos y tecnológicos que requiere una gestión de cobro integral.

Cobradores sin licencia

Por no hablar de otros puntos: “En otros países es necesario contar con una licencia específica para constituirse como empresa de recobro”, declaró Antón Alfaya. “Si llegaremos en este país a eso, no lo sé, pero sí sería conveniente saber quién puede tener licencia o no entre todas esas 700 empresas”. Entre las propuestas que ANGECO ha formulado para la regulación se incluia la creación de un registro de compañías, el establecimiento de un mínimo de formación para sus directivos y la solicitud de sus posibles antecedentes penales. Hasta el momento, si bien no cuentan con ninguna fecha fija para la puesta en marcha de la regulación, sí se muestran optimistas después de las reuniones celebradas con la CEOE, en el Congreso de los Diputados y en la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia.

Iñigo Mato señaló como ejemplo a evitar el caso americano, donde la regulación del mercado “llevó a la quiebra a todo tipo de compañías, porque se pasó de vueltas”, y declaró que en España se está viviendo desde hace muchos años una autoregulación, a la que sería conveniente poner coto. “Se trata de llegar a un mercado regulado de una manera racional, que tenga sentido para usuarios, consumidores y agencias de recobro”.

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