La Asociación Profesional de Administradores Concursales reivindica el papel de sus profesionales y denuncia los continuos cambios en la ley en una rueda de prensa organizada con APIE.

Desmentir algunos supuestos sobre el papel de los administradores concursales y exigir un marco más estable en la legislación concursal fueron los dos puntos fuertes de la rueda de prensa convocada por la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en un acto que contó con la presencia de Luis Martín y Diego Comendador, presidente y vicepresidente de ASPAC, y Andrés Dulanto Scott, de la Junta Directiva de APIE, que actuó como moderador.

Según denuncia ASPAC, la legislación concursal ha sido modificada 22 veces en los últimos siete años, cambios que en ocasiones han producido profundos cambios, promovidos, en ciertos casos “como consecuencia de situaciones concretas, siempre tratando de evitar dos diabólicos supuestos: la caída de las grandes empresas y las acciones de reintegración que pudieran afectar negativamente a nuestro sistema financiero”, según se indicó en la presentación. Estos cambios han sido promovidos por el sistema financiero español, que ha actuado como principal operador en los procedimientos concursales para prevenir la caída de instituciones financieras. “Es por ello que los ciudadanos españoles han sido castigados con un incremento de sus impuestos para preservar así los ahorros y las inversiones”.

Una imagen deformada

Estas iniciativas han contribuido también, según declaró Luis Martín, a deformar la imagen pública tanto de lo que significa un procedimiento concursal como de los profesionales encargadosde su supervisión: “Una de las grandes mentiras es pensar que la Ley Concursal sirve para cerrar empresas, cuando lo que de verdad cierra y abre empresas es la economía”. Para Diego Comendador, “Aquí todo el mundo habla de Martinsa Fadesa o de Abengoa, pero la realidad es otra: en 2015 el 71% de los concursos tuvieron un activo inferior a dos millones de euros, y la media estuvo en 500.000 euros de activo. Entonces, estamos hablando de unos honorarios de 4.900 euros, que es lo que han devengado los administradores concursales en cada concurso. Y a veces no hay masa para pagar, con lo cual se devengan los pagos, pero no se llegan a cobrar”. Los cambios en la Ley, añadió, han supuesto en gran parte un aumento de los costes que recae en la administración concursal, lo cual está debilitando la actuación de los organizadores: “Si el organizador concursal, según dice la ley, es una figura imprescindible, no puedes estar criminalizándole y cargándole de costes y responsabilidades. Su labor es la supervisión del activo de la compañía en defensa de los acreedores”.

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Una de las reformas en cuya denuncia ASPAC ha hecho más hincapié es el cambio producido en 2015 que eliminaba la designación del administrador concursal por parte del juez, y la sustituía por un nombramiento por sorteo, algo que se aparta de las prácticas seguidas en todos los países europeos y que supone un menor control sobre el deudor debido al debilitamiento de la profesionalización de los administradores concursales y la eliminación de la figura del experto independiente. Esta situación, declaró Luis Martín, favorece a los acreedores grandes, que reciben ayudas para evitar su caída, mientras que “las pequeñas empresas tienen que apañárselas como pueden. Cuando alguien se ampara en una ley para dejar de pagar 8.000 millones de euros, yo creo que algún control sí necesita”. 

Lentitud excesiva

Las reformas de la Ley se producen además en un marco de falta de medios humanos y materiales en la Administración de Justicia que contribuye a ralentizar los procesos. “Se dan casos como el de que cuando un funcionario pide un traslado, deja su puesto antes de que llegue su sustituto, con lo cual no hay un traslado efectivo de los asuntos”, declara Luis Martín. Como consecuencia de esta situación, los procesos concursales en España tienen una duración media de más de doce meses, muy superior a la de otros países europeos, que en ASPAC califican de excesiva, ya que paraliza cualquier iniciativa que pueda tomar la empresa para resolver su situación: “mientras dura el concurso, la empresa no puede presentarse a proyectos del Estado, no puede pedir subvenciones y no puede pedir créditos en condiciones normales, con lo cual la banca es reacia a financiarla. La empresa tiene que entrar y salir del concurso, y el proceso no puede durar más de seis meses”, declara Comendador.

Las soluciones propuestas por ASPAC pasan por la creación de una Ley menos garantista y más ágil, que contribuya a acelerar los procesos concursales. Los propios administradores, declaró Comendador, “podemos hacernos cargo de partes del proceso que ahora recaen en los juzgados, que están paralizados por falta de medios”.

Hacer clic aquí para descargar la presentación completa

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